La Economía Circular está en auge y los impuestos verdes llegan a nuestro país. El gobierno tiene en el horno una nueva legislación en materia de residuos, que penalizará el depósito en vertedero y la incineración con unos 40 euros por tonelada. Si los residuos se separan correctamente, el importe del impuesto se reduce hasta un 50%.
Será la nueva Ley de Residuos y suelos contaminados que está en tramitación y que, siguiendo directrices europeas, y justo antes de que comenzaran a penalizar a nuestro país por no cumplir con los criterios que exige Bruselas en materia de residuos.
En Europa, la normativa de Economía Circular y de plásticos, acoge medidas para evitar que España sigamos reciclando solo un 36% de los residuos y que cada español genere casi 500 kilos al año. De ese tremendo volumen de basura generada, un 60% acaba en los vertederos y no en plantas de reciclaje especializado. Por todas estas cifras, incumplimos las normas europeas y, por tanto, es urgente actuar de manera eficaz y con fórmulas a medio y largo plazo, y no únicamente un lavado de cara frente a Europa para evitar multas o sanciones.
Hoy ya existe legislación similar en más de 20 países europeos y varias CC.AA. españolas, y según los planes y objetivos de la nueva ley, su recaudación se revertirá en reducir el volumen de los residuos y en la mejora de su tratamiento y gestión posteriores. La recaudación prevista para el año que viene es de más de 860 millones de euros en nuestro país.
El momento para implantar esta nueva ‘fiscalidad verde’ es polémico ya que el Fondo Monetario Internacional, el FMI, no aconsejaba comenzar con este impuesto durante la pandemia, para gravar menos a las empresas especialmente en un momento como el actual.
