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Propietarios pagan a los ‘okupas’ de sus pisos para que se vayan

Viviendas ‘okupadas’ ilegalmente, un grave problemas que en Francia atajan defendiendo al propietario, y en Zaragoza lo están solucionando los dueños incluso pagando a los okupas. Desde el Gobierno de España se abre la mano para frenar sus desahucios aunque se reconozca el delito.  

Parecía una solución desesperada, pagar a los ‘okupas’ de tu piso para que se marchen, y funcionó. Lo malo, que se corrió la voz y ahora se ha convertido en una práctica habitual en ciudades como Zaragoza. Es lo más parecido al soborno y el chantaje a los propietarios, y hay quien se ha profesionalizado en esta forma de vida.

casa okupa
Casa Okupa

El problema de las casas ocupadas viene de lejos y en épocas como el confinamiento de esta primavera se disparó ante las restricciones de movilidad para los dueños. Porque los ‘okupas’ no desperdiciaron esas semanas en las que estaba prohibida la circulación no justificada, para entrar a casas que en esos momentos estaban vacías, pero no abandonadas. Ausencias por movilidad, por enfermedad, o por trabajo, que no han desaprovechado los 'amigos de la casa ajena'.

En cualquier caso la polémica es muy intensa ante una realidad que es un grave problema para muchos propietarios y que encuentra situaciones familiares dramáticas pero también muchas personas que viven de manera permanente en una situación de ‘okupación’.

En España el Gobierno, después de muchas idas y venidas, ha prohibido los desahucios de ocupas pese a que se considere delito esta acción. ¿Una incongruencia o una acción de sensibilidad social? El movimiento ocupa se beneficia de la modificación de la hasta ahora vigente norma antidesahucios y de la aprobación de un Real Decreto que ampara la figura del ‘consumidor vulnerable’.

Mientras, en la vecina Francia su presidente Emmanuel Macron se planta ante los ‘okupas’, refuerza los derechos de los propietarios y se agilizan los procedimientos para sus desalojos también en las segundas residencias.

Además el desalojo lo puede solicitar el propietario, el inquilino o cualquier persona por cuenta de ellos, es decir, por ejemplo la vivienda de una persona que interna en una residencia. Un evidente apoyo integral a los dueños frente a la ocupación ilegal que también en el país galo está suponiendo un tremendo problema y una tendencia muy extendida.