Las nuevas normativas de medioambiente y laboral encarecen la construcción un 50%. El sector clama medidas y subidas generalizadas de al menos un 17% para evitar un colapso y el parón en las contrataciones.
El sector de la construcción en España se está enfrentando a una situación compleja debido a la implementación de nuevas normativas que han disparado los costes de las empresas constructoras en los últimos años. Según la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), los gastos generales han aumentado hasta en un 50% debido a una serie de exigencias legales que afectan tanto al ámbito laboral como al medioambiental.
Tanto la falta de mano de obra, como su encarecimiento y las nuevas normas han deteriorado de forma notable la capacidad productiva y la competitividad de todo el sector.
Estas normativas incluyen la creación de sistemas de protección de datos, protocolos para la igualdad y no discriminación, y el establecimiento de registros de jornada laboral.
Además, las empresas deben cumplir con normativas más estrictas en cuanto a sostenibilidad y reducción de la huella de carbono, lo que ha incrementado la necesidad de crear departamentos especializados para gestionar estos nuevos requisitos.
Todo ello ha supuesto una carga adicional para las constructoras, que además se ven afectadas por el aumento de los precios de materiales y el impacto de los sucesivos incrementos del salario mínimo.
El sector ha denunciado que la falta de mecanismos adecuados para trasladar estos costes, lo que está erosionando su competitividad, especialmente en la contratación pública. Muchas licitaciones de obra pública están quedando desiertas, ya que las constructoras no pueden asumir estos sobrecostes sin una compensación adecuada. En este sentido, la CNC ha propuesto elevar al 17% el porcentaje de gastos generales que las empresas pueden repercutir a las administraciones públicas sobre el presupuesto de ejecución. Esta medida permitiría a las empresas afrontar de manera más sostenible las nuevas exigencias sin comprometer su viabilidad.
A todo esto se suma la crisis de mano de obra que sufre el sector, con dificultades para encontrar trabajadores cualificados. Según los representantes de la CNC, la falta de mano de obra disponible está impidiendo que las empresas puedan cumplir con los plazos de ejecución de los proyectos, lo que agrava aún más la situación. Este problema, unido al aumento de costes y la falta de mecanismos para revisar los contratos públicos, está poniendo en riesgo la continuidad de muchos proyectos de construcción en todo el país.
El impacto de estas nuevas normativas también se extiende a la construcción de viviendas, un sector ya tensionado por la falta de oferta y el encarecimiento de los precios. Las constructoras alertan de que el aumento de los costes de construcción está contribuyendo a frenar el ritmo de edificación de viviendas, lo que podría agravar aún más la escasez de oferta y el encarecimiento de la vivienda nueva en los próximos años.
En resumen, las nuevas normativas están añadiendo presión a un sector ya afectado por la inflación de precios de materiales y la escasez de mano de obra, con un impacto que se deja sentir en todos los niveles, desde la obra pública hasta la vivienda. Las propuestas de la CNC buscan aliviar esta situación, pero hasta que no se implementen soluciones, el futuro del sector de la construcción sigue siendo incierto.
