La nueva ley sobre residuos y suelos contaminados cierra el grifo a los plásticos de un solo uso gravándolos con un nuevo impuesto y crea una segunda nueva tasa para los desechos en vertederos e incineración. Para colaborar en la erradicación de los plásticos de un único uso, también fomenta el consumo de los productos a granel estableciendo un mínimo del 20% de la superficie de los supermercados y establecimientos de alimentación con más de 400 metros.
Así, en 2023 las superficies comerciales dispondrán de un elevado porcentaje de productos sin embalaje, y para los productos frescos, platos cocinados y/o bebidas, se podrán usar recipientes reutilizables.
Los dos nuevos impuestos vienen impulsados desde la Comisión Europea a través de directivas comunitarias que llevan años recomendando a nuestro país. En 2018 ya se instó a España a implantar la ley de residuos ante el mínimo porcentaje de reciclaje. Hace diez años sólo se reciclaba el 36% de nuestros residuos y Europa pedía que se reusara el 50%, hoy ya piden entre el 60 y el 65% y seguimos a la cola en reciclar.
La opinión de muchos expertos, evidentemente, es que esta ley llega tarde y no es tan ambiciosa como se esperaba. Según la Unión Europea, por ejemplo, la ley contra los plásticos de un único uso debería estar ya en vigor desde hace tiempo y por ello tiene un expediente abierto contra esta ‘infracción’ por parte de nuestro país. Deberíamos tener vetados este tipo de plásticos desde hace tiempo según la Comisión Europea y según todos los analistas del cambio climático.
Veto definitivo a la venta de utensilios de plástico de un único uso como pajitas, vasos o platos. Tampoco los bastoncillos de algodón que lleven partes de plástico, ni los recipientes, tapas y tapones a base de poliestireno expandido. En la misma línea, en los bares y restaurantes habrá obligación de ofrecer agua no embotellada a los clientes gratuitamente.
La nueva norma incluye más medidas como la prohibición de los microplásticos en los productos cosméticos y productos de limpieza del hogar. El veto a fumar en las playas con el apoyo legal definitivo a los ayuntamientos para llevar a cabo esta medida. Y, tras la anulación del Tribunal de Cuentas, se recupera el conocido como ‘canon hidroeléctrico’ que volverán a pagar las eléctricas tras la modificación de la Ley de Aguas.
