Hoy construir viviendas de obra nueva es un reto que muy pocos asumen. Todo el sector apunta a un grave problema: falta de suelo. El Banco de España ve urgente levantar viviendas nuevas, sin embargo, construir no es rentable ni asumible para la mayoría de empresas.
Todos los analistas y actores implicados del sector apuntan a la necesidad de gestionar y legislar sobre el suelo como parte de la solución de la falta de viviendas. El acceso a una vivienda es hoy un quebradero de cabeza para miles de familias. El propio Banco de España afirma que es necesario ampliar la oferta de vivienda urgentemente.
El encarecimiento de precios y suelos viene determinado por una elevada y persistente demanda, a la par que la falta de terrenos urbanizables complica aún más el contexto.
- Grave embolsamiento de la demanda
- Escasez y encarecimiento del alquiler
- Falta de stock de segunda mano
- Falta de suelos disponibles
La mayoría de los expertos abogan por un Pacto de Estado, y que las administraciones se comprometan con el sector ante las limitaciones actuales y la falta de viviendas que se acumula desde hace meses.
El grave problema de la vivienda es la pescadilla que se muerde la cola, por eso insisten los analistas en solucionar la falta de suelo de forma rotunda. La ley del suelo no puede ser redactada sin un gran consenso, que tenga en cuenta los riesgos, las necesidades y el contexto concreto de un bien prioritario como una casa.
Las grandes ciudades españolas son las que están sufriendo especialmente esta carencia de oferta. Una falta de oferta que se acrecienta progresivamente de forma que no se logrará resolver fácilmente. En los próximos años, aunque se realizarán grandes esfuerzos y medidas contundentes para ampliar el parque inmobiliario, en muchas ciudades no se logrará compensar el grave desequilibrio provocado ya.
La vivienda asequible, y los planes de vivienda pública pueden paliar el desajuste, sin embargo, todos los segmentos se ven afectados, por lo que incluso con grandes planes y proyectos ambiciosos, se quedarían cortos para la situación actual.
En el resto de Europa el problema de la vivienda también es una realidad, sin embargo, por ejemplo, para equipararse a la media continental, sería necesario que en España se desarrollen un 150% más de proyectos de construcción de obra nueva.
Las recomendaciones de los profesionales del sector pasan por tomar medidas que, aunque no logren dar soluciones totalmente, y dado el contexto tan complicado, que al menos palien el tensionamiento actual.
La falta de seguridad jurídica es uno de los argumentos esgrimidos por los agentes, de ahí que la estrategia pase por un Pacto de Estado, con compromisos transversales y unánimes. Dada la situación actual no parece sencillo ese pacto, sin embargo, se postula como un imprescindible. Las cifras son demoledoras y demuestran que el mercado residencial se complica a ojos vista desde hace muchos meses.
En este caso la inmovilidad de las administraciones y gobiernos provocaría cierta tranquilidad o estabilidad en materia jurídica, sin embargo, los borradores y globo sondas lanzados sobre la nueva Ley del Suelo y la última ley de la vivienda, provocan una inseguridad poco alentadora para la mayoría de las constructoras. Situación que se suma al encarecimiento generalizado del sector y la falta de suelos urbanizables.
La vivienda debe ser un sector estratégico y primordial, por su repercusión social y por el volumen económico que supone. Hay quien habla de 'un momento dulce' para el sector, sin embargo el propio sector opina lo contrario. En primer lugar por el riesgo de intervencionismo o inmovilismo de los gobiernos, y por otro lado, porque construir hoy es un 'deporte de riesgo' y nadie quiere arriesgar. Cuando todos obtienen beneficios el sector está mucho más robusto.
Hay expertos que reconocen que en nuestro país no es rentable construir viviendas y que por eso desde 2011 no se apuesta por la vivienda pública en España. Estamos, sin embargo, a la cola de Europa y de la OCDE tanto en vivienda como alquiler social público.
Los réditos políticos y electorales de construir vivienda pública no son tan cortoplacistas como los planes políticos, por lo que planificar nuevas promociones inmobiliarias no es una prioridad, según critican muchas voces expertas del sector. Las interrelaciones necesarias entre administraciones locales, autonómicas y nacionales para llevar a cabo una nueva promoción inmobiliaria son complejas y nadie termina de asumir ese desgaste y coste.
España junto con Portugal lideramos la cola de Europa de los países con menos vivienda pública. El propio gobierno español reconoció que en nuestro país faltan un millón de nuevas viviendas disponibles. Con los datos y la necesidad bien clara, pero sin medidas planificadas ni en ejecución.
Los precios ya están en torno a los que se vivieron en la burbuja inmobiliaria de 2007 y sin síntomas de parar su escalada. Evidentemente, si no hay apenas viviendas y la demanda es elevada, los precios sólo pueden seguir subiendo. Y, aunque la inflación se contenga, a nadie le extrañan las subidas que seguimos viviendo en el mundo inmobiliario.
Hoy en España un 25% de las familias vive de alquiler, mientras que el 75% son propietarios o titulares de una hipoteca. Cada año se forman el doble de familias de las casas que se construyen, por lo que el desequilibrio va en aumento creando un gran cuello de botella o embudo del que nadie sabe cómo podremos ir saliendo o cuándo se logrará.
